Desde esto, la nueva y autodenominada “oposición” sólo se ha dedicado a encontrar un nuevo nombre a su coalición no oficial y despotricar, unos contra otros, del porqué perdieron el poder del cual disfrutaron, usaron y abusaron, por 20 años.

Pero lo cierto es que mientras esto ocurre y sigue pasando más agua bajo el puente, hay una verdadera oposición que viene trabajando desde hace meses -opinando certeramente, con hechos concretos y ejemplos- de la nueva forma de gobernar del actual presidente, siendo crítico no de las condiciones del nuevo gabinete, sino de lo que siempre ha criticado: la inconsecuencia y manipulación de la opinión pública.

Si no saben a quién me refiero, aclaro que es Hermógenes Pérez de Arce, el único personaje que ha opinado de política sin ocultar sus verdaderos intereses, sin trabajar para quién critica y sin rencores ante sus opositores (no se puede decir lo mismo de quienes no están de acuerdo con sus ideas).

Y es esta calidad en los argumentos (sin duda, un valor muy apreciado en esta época de “chaquetismos”), lo que lo ha convertido en la fuente más valorada, representativa y objetiva de lo que es una verdadera oposición.

Y es como siempre dije. La única diferencia entre Sebastián Piñera y la Concertación, es el sector en el cuál se apoyan, así que una neo-Concertación jamás podrá encontrar atributos diferenciadores ni altura moral para hacer ver las inconsecuencias del Presidente, menos, tildarlo de fresco, porque en esa línea, la verdad de los destrozos tras el terremoto seguro que dejarían nulas opciones políticas a muchos de quienes salieron y entraron al mando.

Por falta de cultura no existe conciencia de la necesidad de políticas deportivas, medio ambientales, inversiones, educación, etc. En definitiva, por falta de cultura no se avanza como corresponde en el aporte a la ciudadanía y sociedad, y eso se debe  a que de donde proviene la decisión hay un alto porcentaje de incultura.

Entonces, ¿por qué el voto de una persona extremadamente culta, informada y que de verdad quiere un bien para la sociedad, vale exactamente lo mismo que el de alguien que no tiene el mismo nivel de conciencia sobre el valor de su voto y sólo por el hecho de tener 18 años puede hacerlo equivalente?

Ese es el problema de la mal entendida democracia. En la antigua Grecia se permitía votar a todos los ciudadanos libres, pero tal definición era limitante, ya que no cualquier griego era considerado ciudadano libre.

En el caso de la realidad chilena, no creo que haya una elite tradicional apta para decidir por el destino del país, pero sí debería haber un “control de calidad” para el votante, un examen que certifique la búsqueda de un bien para el país y que se gozan de conocimientos mínimos para exigirlo (el voto), sin duda esta simple medida de selección representativa permitiría mejorar notablemente la calidad de la política y significaría el esperado salto al desarrollo cultural.

Claro está en que el principal problema del aumento en los acto antisociales es por una falta de criterio de quién dicta la sentencia –el juez—, quien, amparándose en las posibilidades que la Ley le otorga, puede dejar en libertad (o dar la chance de escapar al juicio), al delincuente.

De esta forma, lo único que se consigue es un círculo vicioso donde las principales víctimas son Carabineros y ciudadanos, quienes sufren constantemente del aumento en la confianza del delincuente que sabe que no caerá preso.

Pero el otro problema radica en la cárcel, porque independiente a que estén hacinadas o no, éstas son las que mejor conocen a sus internos. Y he aquí la clave de la revolución carcelaria que se debería dar, porque un juez puede dictar una sentencia y el delincuente cumplirla, pero quienes trabajan en la cárcel saben realmente cómo se cumplió esa condena y si el antisocial está listo para reintegrarse completamente.

Por esta razón, la cárcel debería ser el organismo que determine qué preso sale y cuál no, considerando el fallo del juez y su sentencia. Así, un preso por robar una gallina, que esté condenado a 3 años y un día, si demuestra buen comportamiento, trabaja y comprueba que no es un verdadero delincuente, la cárcel debería intervenir en la sentencia y acortar la condena del sujeto.

Por otro lado, si un delincuente de un robo con violencia, sigue al pie de la letra lo demostrado por el primer ejemplo, la cárcel debería asegurarse que el individuo no se contamine al interior, pero asegurarse de que cumpla su condena completamente.

Ahora bien, si el preso es un asesino condenado a 5 años y un día, y al interior de la cárcel se comporta de la misma forma por la cual terminó preso, el organismo debería estar posibilitado de privar completamente de libertad a este sujeto, pese a haber cumplido su condena. Porque sus actos demuestran que no podrá reintegrarse positivamente en la sociedad.

Esta situación permitiría hacer el primer cambio en el sistema carcelario y también, aseguraría que quienes estén presos y salen, tendrán una mejor posibilidad de reintegración, ya que será conocido que salir de la cárcel no es por cumplir una condena, sino por una demostración reiterada de buen comportamiento.

A su vez, sería un incentivo para los interesados en la inversión para construir centros carcelarios privados. En definitiva, una reestructuración que cambiaría el círculo de vicioso a virtuoso, pero por sobre todo, sería realmente justo con los más afectados por la actual situación, la sociedad.

También resulta interesante cómo es que se ha desviado el foco principal del conflicto, pues sólo se menciona el nombre de la empresa y que se trata de energía geotérmica, pero en ningún caso se aclara que este tipo de exploración pertenece a las denominadas Energías Renovables No Convencionales (ERNC), las mismas que el propio Gobierno prometió con Ley asegurar un 15% en la matriz energética del país, o que Marco Enríquez-Ominami, afirma fomentará para evitar la construcción de HidroAysén.

Tampoco que la sociedad responsable del problema ocurrido con los géiseres del Tatio, Empresa Nacional de Geotermia (ENG) o como también se le ha denominado masivamente en los medios “Empresa de Geotérmica del Norte (GDN)”, está compuesta por la compañía italiana de energía, ENEL (51%), y la estatal chilena ENAP (información que el diario La Nación omite convenientemente), que es dueña del 49% restante.

Este desastre ambiental reveló los constantes problemas de la burocracia nacional y la falta de rigurosidad, seriedad y profesionalismo de los organismos públicos involucrados. Según el informe del Sernageomin, la empresa no cumplió con lo dispuesto para llevar a cabo los trabajos, lo que consistía en informes mensuales de diversos avances. Pero otra cosa que no se menciona, y que es vital, es que el organismo encargado de recibir estos informes, no se hizo responsable ni se preocupó de saber qué es lo que estaba pasando, porqué estos informes no llegaban; lo que, claramente, podría haber evitado el lamentable resultado.

Como se mencionó en un post previo, las ERNC prometen energía limpia a un costo muy alto (económica y ambiental mente –por mucho que a los ambientalistas no les guste aceptarlo—), dado que su implementación es extremadamente cara y porque los lugares donde se pueden instalar son principalmente turísticos y quedarían acabados al perder completamente su atractivo natural (al igual que la construcción de una megarepresa en plena Patagonia virgen y salvaje de Aysén).

Todos, dada la intencionalidad y foco de la discusión, concuerdan y buscan incrementar el número de donantes, crear mayor conciencia respecto al tema y así, lograr aumentar el número de transplantes en pacientes con prioridad. Y bajo este panorama, en este contexto de sensibilidad, los parlamentarios y autoridades del país se les ocurrió modificar la Ley de donaciones de órganos.

No cabe duda que deben existir modificaciones y ratificaciones de todas las leyes del país, ya que como la sociedad avanza, las normas y leyes bajo las que se rige deben hacerlo también. Pero es deber de las autoridades y responsables frente a estos cambios, saber hacer las cosas bien, y claramente, en un ambiente con altas sensibilidades y una elección encima, no se hacen las cosas bien.

Y es que sin ser experto y sin caer en la presión que los medios de comunicación, municipalidades y personajes públicos están ejerciendo sobre nosotros –los ciudadanos— para prácticamente obligarnos a ser donantes de órganos, los parlamentarios buscan modificar la ley relativa al tema estableciendo que todo mayor de 18 años es automáticamente donante a menos que declare lo contrario.

Acá se falla y falta en dos puntos. Primero, que está mal establecido –nuevamente—el método de donaciones. Segundo, que se aprovecha la falta de información para disponer de potenciales órganos.

El principal error de la actual ley es que la voluntad de la persona donante no podía ser cumplida dado que la familia es quien tiene la palabra final. Por lo tanto, el único punto que habría que haber modificado al respecto es precisamente que la voluntad del donante sea la que prime, pero que no se asuma a priori que éste ya es donante a menos que él, libre y voluntariamente, lo haya decidido. Y se supone que esa decisión debe ser fundamentada e informada.

En cambio, de aprobarse el proyecto actual, se está aprovechando la falta de información, educación o incluso descuido que se pueda tener al momento de sacar o renovar la licencia y todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años estarán siendo donantes pese a no haberse declarado así, a menos que manifieste lo contrario. Una completa ridiculez, dado que es la misma ley que se está intentando modificar, sólo que a la inversa.

Y ése, es el resultado de preparar los temas y desarrollar su contenido en un contexto subjetivo que no permite razonar correcta y adecuadamente, pero lo que es peor, pasa por sobre la libertad de los ciudadanos.

Sabido son los grandes intereses que hay detrás del proyecto HidroAysén, más de que si es un proyecto país o no. Pero de la misma forma, los principales detractores de esta iniciativa tienen fuertes motivos para destinar varios millones de pesos para buscar generar oposición contra el proyecto, igual que los primeros, su preocupación (fuera de la propia campaña), no está en el daño a la Patagonia chilena.

Pero más allá de todos los intereses involucrados por una u otra parte, parece que el foco de la discusión sobre el tema energético a nivel nacional carece de total validez al momento de ponerlos en la balanza de la coherencia y, para variar, consecuencia.

Esto porque los que dicen estar preocupados por el ambiente (autodenominado ambientalistas), hablan de la necesidad de diversificar la matriz energética de Chile y potenciar la inversión en Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Por el otro lado, el Gobierno, que ocupa de escudo al ministro de Energía, Marcelo Tokman –para desvincularse de toda “mala interpretación”-, fue el principal responsable de que la nueva y primaria fuente de energía en el país sean las termoeléctricas, las plantas de generación de electricidad más contaminantes hasta el momento.

Pero el objetivo de esta columna no es aclarar los pros o contras de las energías limpias o contaminantes, si no de cuán inconsistentes son las inversiones en uno u otro proyecto.

Primero, porque parece increíble la existencia de tal falta de conciencia como para permitir la inversión masiva de plantas contaminantes que, más encima, se instalan en zonas geográficas absolutamente fascinantes por la belleza de su paisaje, como Punta de Choros.

Pero cuando la inversión es una energía limpia, como HidroAysén, el alto impacto está dado a nivel geográfico por la gran invasión del lugar donde se instalará (la construcción de un embalse) en una zona completamente virgen. Y si ésta –la inversión- es de ERNC, como la Solar, es exactamente igual el impacto al de una mega represa, ¿estarían dispuestos a perder el paisaje del desierto para que éste esté cubierto de placas fotovoltaicas?

Y el segundo problema de estas ERNC es que tienen un costo muy alto y una producción extremadamente baja, o sea, se perdería el desierto de Chile por un capricho ambientalista que ni siquiera es suficiente para cubrir las necesidades de la propia región. Lo mismo con la geotermia (géiser del Tatio).

Y si pensamos en la energía mareomotriz se perderían las postales del Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, o con la escasa eólica se deben ocupar vastas extensiones terrenales.

El tema es que Chile necesita energía, pero, al parecer, debemos estar dispuestos a sacrificar sí o sí el paisaje de nuestra tierra -conocida y atractiva por su naturaleza imponente-. Las opciones son extremadamente contaminantes y dañinas en sectores focalizados, pero de gran potencia; completamente limpias, de gran potencia, pero sumamente invasiva en la naturaleza. Por último, las que impactarán de igual manera el entorno pero que tienen un alto costo y  una baja capacidad de generación de energía.

También, como la contingencia nacional va enfocada en la carrera pre-presidencial, sólo tocaremos los temas más relevantes de estas campañas poco consecuentes y típicas de izquierda y centro.

Así, vuelven los temas de actualidad internacional, historias interesantes locales y extranjeras, y sobre todo, una gran intención de apoyar el deporte nacional -menos el fútbol-, porque ya lo tiene.

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